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Cálculo del Gasto Militar
Estudiamos las cifras que hace públicas cada ejercicio el ministerio de Economía y Hacienda a la hora de presentar los Presupuestos Generales del Estado y luego las cotejamos con lo realmente gastado al final de cada año.
Sin embargo, establecer este cálculo no es fácil. El Presupuesto Militar está disperso y camuflado entre las partidas de diferentes ministerios, y además al final de cada año se acaban gastando mucho más de lo presupuestado. Otro problema es determinar qué es exactamente «Gasto Militar»; en una sociedad cada vez más controlada y militarizada.
Tras analizar detenidamente las cifras de lo que el estado español gastó en 2019, proponemos este cálculo:
Como siempre hacemos, recordamos que este cálculo no es exacto: es una aproximación a la baja. La mayor parte del dinero que el estado destina a cuestiones militares no está presupuestado en el Ministerio de Defensa, por lo que nos reconocemos incapaces de contabilizar algunas de las partidas de gasto militar que aparecen escondidas en los presupuestos.
A pesar de ello, los datos pueden sorprender a quien considerara hasta ahora que el presupuesto militar equivale al del Ministerio de Defensa.El gasto militar del Estado español en 2019 es de 23.577,96 millones de euros, lo que supone 15.122 millones (1,77 veces) de euros de gasto militar que el gobierno oculta fuera del presupuesto que reconoce. Esto supone 6´42 euros ocultos de cada 10 euros de gasto militar.
Si a este cálculo le añadimos lo presupuestado para control social, la suma asciende a 29.589,21 millones de euros.
Estas cifras reseñadas equivalen a un 2% del PIB (calculado por el Gobierno en los PGE en 1.163.662 millones de euros), cantidad que se eleva al 2,5% si sumamos el control social estatal.
La cifra aumenta si a todo ello sumamos aún los presupuestos destinados a control social por parte de las Comunidades autónomas, ya sea las que tienen policía propia (Cataluña, Euskadi y Navarra), competencias en materia de prisiones (Cataluña) o las que transfieren cantidades de política de seguridad, en gran parte para incentivar intervenciones policiales (por ejemplo, la BESCAM de Madrid y las diversas partidas destinadas a incentivos en las demás comunidades). En este caso la suma alcanza los 31.702,44 millones de euros, una cifra que supera toda comparación y es absolutamente escandalosa.
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